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A falta de cerrarse la votación, ya podemos afirmar que la ley de Zona de Libre Comercio va a ser aprobada, puesto que en estos momentos se contabilizan 32 votos a favor y tan solo uno en contra. El propósito de esta ley, que como comprobamos cuenta con un amplio consenso entre las fuerzas políticas, es, citando al ponente sugarat, establecer un “mandato para que de forma consensuada los titulares de los ministerios de Economía y de Exteriores establezcan conversaciones formales para la implantación de acuerdos bilaterales de reducción arancelaria así como la creación de una zona de libre comercio dentro preferentemente el seno de Atlantis, pudiéndose incorporar países al margen de ella si se estimara oportuno”.

En la práctica, a partir de la aprobación de esta ley y de la previsible entrada en vigor de acuerdos con diferentes naciones aliadas, los aranceles podrán reducirse progresivamente hasta un 50% (en cualquiera de los dos formatos de acuerdo, el multilateral y el bilateral), momento en el cual se efectuará una evaluación de cómo ha afectado dicha reducción a la situación económica general. La ley incluye asimismo la obligación de informar al menos una vez por legislatura al congreso sobre el balance periódico de los pertinentes tratados.

Nos parece una medida adecuada, que no sólo puede fortalecer en principio la economía eEspañola sino sobre todo ser una herramienta diplomática de extraordinaria utilidad para afianzar más nuestras alianzas internacionales. Ahora bien, existe una cuestión que ha sido objeto de debate en el congreso y que el texto de la ley recoge en uno de sus puntos, el relativo a los convenios bilaterales. Entre las exigencias que se marcan para un convenio bilateral figura que el país en cuestión posea:

“un marco salarial y de legislación social mínimamente equiparable al nuestro y q se considere no explotador”

Nos llama la atención que este punto no haya sido recogido en las condiciones para el acuerdo multilateral dentro del seno de Atlantis, aunque suponemos que en el espíritu de la norma sus señorías lo han considerado también de manera implícita. En cualquier caso, es muy posible que en la práctica o sea muy complicado establecer acuerdos o se corra el riesgo de perjudicar a los trabajadores, tanto extranjeros como nacionales.

En eEspaña muchas voces critican el gran peso de burocracia que hemos creado. Sin lugar a dudas, ello hace que las decisiones no se puedan tomar en muchas ocasiones con la rapidez que requieren los hechos. Pero por otra parte, establece un marco legal global de garantías que da seguridad tanto a ciudadanos como empresas. La firma de acuerdos con países que no posean este tipo de marco legal (nos tememos que muchos en eRepublik) podría ser extraordinariamente perjudicial, ya que por una parte existe un riesgo de explotación de los trabajadores extranjeros y por otra un riesgo de deslocalización de empresas españolas (en busca de mano de obra más barata) con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo en nuestro país.

Sus señorías han tenido un gran acierto al contemplar este punto. Sin embargo, nos preguntamos acerca de lo factible que puede ser establecer un acuerdo multilateral en el seno de Atlantis, que recordemos se compone de eUK, eUSA, eSuecia, eRumanía, eBrasil, eArgentina y por supuesto eEspaña. ¿Tienen actualmente estos países una legislación laboral comparable a la eEspañola?

Dada la sensibilidad que han mostrado sus señorías al tratar este asunto y al incluir el punto anteriormente mencionado, estamos seguros de que tanto el congreso como el gobierno velarán no solo por el interés de nuestras empresas sino también por el interés de la clase trabajadora.