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Nota del Autor: No me interesa entrar en discusiones politicas, solo recordar el hecho.

Se denomina copamiento del cuartel de La Tablada al intento de ocupación de los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano del Ejército Argentino en La Tablada, provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989 por parte de miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Resultaron muertos 32 guerrilleros, 9 militares y 2 policías.



Antecedentes

Al momento de realizarse el ataque, en la conducción del MTP se encontraban, además de Gorriarán Merlo, otros que como él habían militado en el ERP pero que habían estado en la cárcel hasta el retorno de la democracia a la Argentina en diciembre de 1983, como Francisco Provenzano, Roberto Felicetti y Carlos Samojedny, que participaron en La Tablada. Por otra parte, en diciembre de 1987 habían abandonado el MTP algunas personalidades notorias de la dirección como Rubén Dri y Manuel Gaggero, quienes habían participado allí desde el primer momento, así como grupos importantes de militantes, sobre todo en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Córdoba, disconformes con el rumbo abiertamente vanguardista y el cariz conspirativo que tomaba el MTP, y con la presencia cada vez más determinante de la figura de Gorriarán Merlo.

El MTP estaba muy influido por la Revolución sandinista que había triunfado en Nicaragua, en cuya última etapa había participado Gorriarán Merlo, y la decisión del ataque fue la creencia de que pese a la instalación de la democracia podía repetirse en Argentina aquella experiencia, tras el fracaso en los años '70 de la teoría de la guerra de guerrillas o de la guerra popular y prolongada. Para ello, según su visión, había que provocar hechos que aceleraran las condiciones de posibilidad de la Revolución. La idea fue la de mostrar a la sociedad argentina que un grupo de jóvenes y audaces militantes populares habían logrado lo que no conseguía la clase política en el poder: frenar un alzamiento contra la democracia, y subidos sobre ese éxito, movilizar al pueblo hacia la Casa de Gobierno en pos de un cambio político que llevara al triunfo de la revolución.



El copamiento

El 23 de enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, Enrique Gorriarán Merlo —ex jefe del grupo guerrillero ERP— lideró un grupo armado de integrantes del MTP que atacó y ocupó parcialmente el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 con asiento en La Tablada.

El MTP, que desde el primer momento presentó la toma como el intento de impedir un supuesto golpe de Estado planeado por el entonces candidato a presidente Carlos Saúl Menem y el Coronel Mohamed Alí Seineldín, al iniciarse el ataque arrojó en las cercanías del cuartel volantes atribuibles a un supuesto comando llamado «Nuevo Ejército Argentino» que pretendía derrocar al presidente Alfonsín, hecho reconocido por Gorriarán Merlo en una entrevista con Claudia Hilb.

Desde el primer momento, los militares conocían que el ataque era realizado por elementos de la izquierda e, incluso, inteligencia conocía previamente que un movimiento rebelde iba a atacar a alguna unidad militar del área metropolitana y que por eso el entonces titular del Ejército Argentino, teniente general Francisco Gassino, dispuso reforzar la infantería.

Inmediatamente después del copamiento, efectivos policiales de la Provincia de Buenos Aires, rodearon el cuartel a modo de primera línea de emergencia para repeler a los guerrilleros hecho que confundió a la población ya que se pensó que la Policía era la que atacaba las instalaciones militares, dado que no se tenía conocimiento del grupo.

Posteriormente, se difundieron informaciones sobre que los guerrilleros habían matado conscriptos que dormían, que tenían ayuda de mercenarios extranjeros y que disponían de avanzado armamento de origen soviético, todo lo cual resultó ser falso

Finalmente, efectivos pertenecientes al Ejército consiguieron la recuperación del cuartel, tras ser auxiliados y apoyados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sin aceptar las tres solicitudes de rendición de los guerrilleros y atacando con fósforo blanco, arma prohibida por las Naciones Unidas.



Juicio sumarísimo

Posteriormente se realizó el juicio a los imputados de participar en el hecho, en forma sumarísima conforme las normas vigentes, pero esa legislación no daba la posibilidad de ejercer una defensa efectiva, según el llamado Caso Maqueda vs. Argentina tramitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual el Estado Argentino fue denunciado por Maqueda, quien había sido condenado a diez años de prisión por su participación en el hecho, alegando que «no tuvo posibilidad de interponer un recurso de revisión de la sentencia debido a que la Ley 23.077 no contempla apelación ni recurso amplio ante ningún tribunal de alzada. Por lo tanto, la única alternativa que quedaba al acusado era recurrir ante la Corte Suprema utilizando la vía del Recurso Extraordinario, un recurso de tipo excepcional y sujeto a restricciones». La Corte dio por terminada la causa dado que «la cuestión central en el caso es la violación del derecho a la libertad del señor Maqueda y que ese derecho ha sido restituido mediante el acuerdo a que han llegado las partes, la Corte estima que éste no viola la letra y el espíritu de la Convención Americana. Aunque en la demanda de la Comisión presentada ante la Corte se citan otros derechos consagrados en la Convención, así como mecanismos y disposiciones de derecho interno, estos han sido planteados en relación con el derecho a la libertad»




Supuestas ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición de guerrilleros

El militar José Almada, que participó de la recuperación del cuartel, fue uno de los denunciantes de las violaciones a los derechos humanos cometidas:

«Denuncié haber observado a dos personas que fueron rescatadas de la guardia cuando comenzó a incendiarse. Estas personas fueron entregadas al personal responsable y trasladadas al fondo del cuartel. Ahí comenzaron a ser interrogadas y a sufrir una sesión de torturas. Varando y el general Arrillaga, que era la máxima autoridad militar, manifiestan que estas personas fueron subidas a una ambulancia y que quedaron en custodia del suboficial Esquivel. El sargento ayudante Esquivel fue a recuperar a su hermano que estaba prisionero. Esquivel estaba conmigo; en un momento que ve salir a su hermano, sale corriendo para recuperarlo y recibe un impacto y se nos muere ahí a nosotros. También escuché por radio el diálogo que denuncié, en el que se ordenó poner fuera de combate a dos personas que habían sido capturadas. Y vi a una chica, que después me enteré que se llamaba Claudia Deleis, que levantaba los brazos en una clara señal de rendición y contra la que abrieron fuego.»

Distintas organizaciones de derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, de las Abuelas, del Serpaj, de la APDH, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas) sostuvieron que no se realizó «una investigación independiente, completa e imparcial con el objeto de identificar y sancionar a todas las personas que resulten individualizadas como responsables de las violaciones a los derechos humanos».

El 10 de noviembre de 2009, el juez federal de Morón, Germán Castelli ordenó la detención del general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga y del mayor Jorge Eduardo Varando acusados por torturas y fusilamientos de atacantes del cuartel, calificando a los delitos como de lesa humanidad. Tres meses después la denominada «sala de feria» de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los camaristas Jorge Barral, Hugo Fossati y Alberto Crisculo, sin descartar que los fusilamientos y tormentos aplicados a prisioneros rendidos hubieran ocurrido resolvió que se trató de «un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima de que fueron objeto tanto la instalación del Ejército Argentino como sus efectivos» por lo que no se daban «los elementos objetivos y subjetivos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad»; en consecuencia, al no proceder esta calificación los hechos se encuentran prescriptos en virtud de los 21 años transcurridos y no pueden ya ser juzgados. La abogada Marta Fernández, viuda de Carlos Alberto Burgos, afirmó que 8 militantes fueron desaparecidos.



Análisis histórico

La versión del MTP elaborada en las memorias de Gorriarán Merlo afirman que el ingreso al cuartel por parte del grupo tuvo como finalidad detener un nuevo alzamiento carapintada, que debía producirse el día 23 de enero. Este alzamiento en preparación se habría propuesto no limitarse a los cuarteles sino salir a la calle y producir una suerte de «Noche de San Bartolomé» contra dirigentes progresistas. El complot también habría incluido, según denuncias de la dirección del MTP al diario Página/12, al militar carapintada Mohamed Alí Seineldín, al entonces candidato a presidente Menem y a otros dirigentes del peronismo. El lanzamiento de volantes según esta versión sería simplemente una «táctica de guerra» de parte del grupo armado.

Una segunda versión indica que el MTP habría sido víctima de una operación de inteligencia del Ejército o de la Junta Coordinadora Nacional del político radical Enrique Nosiglia. Según este razonamiento, los militares habrían alimentado la versión de una conspiración para instigar a la acción preventiva del MTP y así cobrarse cuentas pendientes a antiguos militantes del ERP, reverdeciendo la teoría del carácter agresor de la guerrilla en la represión de los '70 y enalteciendo su propio papel en el mantenimiento de las instituciones frente al accionar renovado de la guerrilla y, eventualmente, de los propios sectores carapintadas. Quienes señalan a la Coordinadora de Nosiglia aducen que, al denunciar un pacto Menem con Seineldín, la intención habría sido desprestigiar al candidato opositor al radicalismo que se perfilaba como el potencial triunfador en las elecciones de 1989.

Por otro lado, según la investigadora Claudia Hilb, se trataba de:

«fabricar un presente ficticio: fabricar en primer lugar la materia a ser interpretada —el ficticio golpe "carapintada"— para sobre esta ficción erigir una mentira verosímil —fuimos a parar el golpe— que, bien instrumentada, deberá poder manipular ahora los sentimientos antigolpistas del pueblo en favor de la insurrección».

La conclusión de Claudia Hilb, basada en los testimonios que recopiló y en los razonamientos que formula, es que la cúpula del MTP preparó a una parte selecta de sus militantes para la acción armada, instruyó muy precariamente a otros pocos sobre el filo de la acción de La Tablada y ocultó ambos hechos a sus simpatizantes o a sus militantes más periféricos:

«[...] Gorriarán se atuvo, en lo esencial, a lo que más abajo denomino la 'versión oficial' de los hechos; aun así, el diálogo prolongado permitió que en los pliegues de esa versión oficial se ratificara una certeza, que a mí me resultaba fuertemente perturbadora de aquella versión oficial: las fuerzas atacantes habían buscado disimular su carácter de 'civiles', arrojando volantes de un ficticio agrupamiento denominado "Nuevo Ejército Argentino". Y había sido, en palabras de Gorriarán Merlo, "en el momento en que se empezó a decir que el grupo atacante no era un grupo carapintada sino un grupo de civiles" que la operación naufragó definitivamente. Asida al hilo conductor de esa certeza perturbadora reconocida de manera pública por Enrique Gorriarán Merlo encaré esta investigación».

Considera sorprendente que el grupo creyera que tendrían un apoyo popular masivo y una insurrección popular, y no el repudio altamente generalizado a la reaparición de la violencia política como forma de intervenir en la vida en común. La única explicación que encuentra es su incapacidad por comprender la sociedad sobre la que habían pretendido operar, su encierro autista en un microclima revolucionario que nada ni nadie, fuera de ellos, parecía avalar. La investigadora dice que como en aquellos casos en que regímenes totalitarios pretendieron alterar la memoria del pasado fabricando una historia ficticia –como el conocido caso de las fotografías en que se eliminó la presencia ahora indeseable de algún personaje- ese reducido grupo de personas urdió la construcción del escenario ficticio más propicio a sus proyectos en el que cifraban sus esperanzas de triunfo. Esa manipulación intencional de la verdad fáctica unida a un nivel de enajenación respecto de la realidad probablemente sin precedentes en la tradición de la izquierda setentista, dan un rasgo específico a este resurgimiento de la violencia revolucionaria en los ochenta.